La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo va a iniciar la revisión de sus recomendaciones sobre el actual sistema público de pensiones y comenzará a debatir sobre cómo será su futuro. Pero será después del parón de la Semana Santa. La fase de comparecencias, que se han desarrollado durante 22 sesiones de la comisión, tendrá su punto y aparte el próximo 5 de abril, cuando el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, dé cuenta en el Congreso del estado del organismo, que días antes dará a conocer los datos del cierre del ejercicio 2016. Por ello, la hoja de ruta de la comisión tras el parón vacacional pasará por la reelaboración de las nuevas recomendaciones, ante la situación de decrecimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En principio, los grupos iniciarán la revisión ordenada de los puntos, aunque van a priorizar aquellas en las que haya un mayor consenso, tales como las nuevas fuentes de financiación y las medidas puntuales que vayan a permitir, a corto plazo, un mayor nivel de ingresos a las arcas de la Seguridad Social. Aún así, la principal preocupación mostrada por los grupos parlamentarios durante las sesiones celebradas será la evolución de las actuales pensiones. Cabe señalar que, tras la reforma emprendida en solitario por el PP en el año 2013, se sustentan en elíndice de revalorización de las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019. Una serie de medidas que no contentan a casi ningún grupo, a excepción del PP. Tanto es así que el PSOE ha dejado claro que no habrá acuerdo sin la derogación o modificación del IRP y la vuelta a su vinculación con la evolución de los salarios y la productividad.

Asimismo, otra de las arduas cuestiones que la oposición cree posible revertir son las bonificaciones a la contratación a cargo de la Seguridad Social. De esta manera, se asume por parte de los populares la posibilidad de dar más margen a las cuentas del sistema y la introducción de matices a las bonificaciones, de tal manera que se repartan los cargos entre la Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado. A pesar de ello aún no se sabe, con exactitud, cuándo se podrá tener una revisión de las recomendaciones, que ya debían haberse actualizado el pasado año. De hecho, desde que Fátima Báñez iniciara en noviembre de 2016 las comparecencias, se han celebrado 22 sesiones en las que más de 30 personas han aportado su visión acerca del presente y futuro de las pensiones. Entre ellos, representantes de sindicatos, la patronal, asociaciones profesionales, entidades financieras, mutualidades, fondos de pensiones privadas, catedráticos e incluso el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, han pasado por el Congreso para exponer su análisis y sus propuestas.