Tal como anunció la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, al término de su primer consejo interterritorial (CISNS), y último hasta la fecha, la Administración compensará a las víctimas de la Talidomida. Dicha reparación se incluirá en una partida específica de la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, tal como ha informado hoy la titular de la cartera sanitaria a los responsables de la Asociación de Víctimas de Talidomida en España (AVITE).

Previamente, un comité científico cumplimentará de septiembre a diciembre de este año un registro de afectados por este fármaco, con el cometido de revisar cada uno de los casos en una unidad de diagnóstico. Así mismo, un comité de seguimiento definirá el plan de compensaciones, reconocimientos y ayudas, contando con miembros de AVITE. Todo este procedimiento será realizado desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCiii).

Pie de foto:  Dolors Montserrat (MSSSI)

Por lo anterior, se podía apreciar a lo largo del día de hoy la satisfacción general en los despachos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), empezando por José Riquelme, presidente de la asociación de afectados, y por el secretario general de Sanidad y Consumo, doctor José Javier Castrodeza, quien acompañó a la ministra en el momento de hacer público el anuncio.

También ha mostrado hoy su agrado el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, doctor Francisco Igea, quien presentó una Proposición No de Ley (PNL) el pasado mes de septiembre, que fue aprobada por unanimidad para compensar a las víctimas del medicamento. Con lo que, en su opinión, se cumple el punto número 50 del acuerdo de investidura que llevó por tercera vez a Mariano Rajoy hasta la Moncloa.

Pie de foto:  Dr Francisco Igea (Ciudadanos)

Como es sabido, la Talidomida es un antiemético usado durante el embarazo en los años 60 del siglo XX, cuyos efectos adversos se tradujeron en niños con malformaciones en sus miembros. Generando unos severos problemas de salud, que el doctor Igea propuso compensar, en la medida de lo posible, con una tabla de discapacidad y sus correspondientes ayudas económicas.

Se empezará a saldar por tanto, el año que viene, la deuda que tiene España con los afectados por la talidomida, tal como afirmó la semana pasada la misma ministra. Mediante una reparación que, sin embargo, está siendo más lenta que en otros países de nuestro entorno.