La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) acaba de hacer público su segundo Informe sobre Privatización Sanitaria en 2015, del que se desprende que  Madrid, Catalunya, Galicia y Baleares se mantienen como las comunidades con un mayor grado de privatización en sus servicios.

Tras estas comunidades en las que la privatización es elevada, se situarían Canarias, País Vasco, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra y La Rioja (por orden), con un grado de privatización intermedio. En lo que respecta a los niveles más bajos, destacan Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura; todas repiten respecto al primer informe.

La FADSP ha señalado en el informe que la falta de transparencia informativa “es uno de los grandes déficit de nuestro sistema sanitario, de manera que resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y más aún si se pretende que sean homogéneos para todas las CCAA. Con estas limitaciones hemos analizado, con los datos disponibles el grado de privatización de los servicios sanitarios de las CCAA para establecer la diferencia que puede existir en este aspecto”.

Además, han señalado varias conclusiones a tener en cuenta sobre el mismo. “La primera es que el proceso de privatizaciones continúa en prácticamente todas las CCAA por lo que las posiciones relativas han tenido cambios mínimos”. En comparación con el Informe anterior, las 5 CCAA más privatizadas  son las mismas (Madrid, Cataluña, Galicia,  Baleares y Canarias)  y ha habido algún cambio en las 4 con menor nivel de privatización  que en 2015 son: Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha y Extremadura.

También apuntan a que el gasto sanitario privado se ha incrementado en un 7,3% en el último año y ello se debe fundamentalmente a los copagos y a los recortes en la Sanidad Pública (se produjo un recorte presupuestario de las CCAA del 13,7% entre 2009 y 2013), observándose un mayor aumento del gasto privado allí donde más disminuyeron los presupuestos públicos. Y los datos se corresponden de manera fundamental a 2013 y algunos a 2014 por lo que, previsiblemente se habrán modificado a peor en la mayoría de las CCAA, ya que ha continuado el impacto de las políticas privatizadoras.