La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) hace una llamada de atención al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que se replantee la inclusión de la vacuna de la varicela, cuya decisión se someterá a aprobación en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo 29 de julio.

SESPAS recuerda que esta decisión no se basa en ningún informe científico adicional a los disponibles cuando en 2011 se tomó la decisión ahora vigente. La única novedad es que el Ministerio ha pedido un informe técnico de implantación, pero ni dispone de una actualización científica, ni evaluaciones de coste- efectividad, ni de coste-oportunidad. Asimismo, destaca que se han obviado los procedimientos comúnmente asumidos y que, hoy por hoy, “las pruebas científicas sobre la efectividad para evitar consecuencias graves a largo plazo  son muy limitadas”.

SESPAS considera que si se adopta la política de implantar la vacuna de la varicela se cometerá una equivocación. En España, como en casi toda Europa, el modelo de vacunación frente a la varicela es en adolescentes que no la han pasado o en grupos de riesgo. Esta política estaba fundamentada en las pruebas científicas disponibles y en los datos sobre coste-efectividad y coste-oportunidad. “Hay que recordar que hay muchas incertidumbres sobre los efectos de vacunar de la varicela en los niños porque no se conoce la duración de la inmunidad, no se conoce la fecha adecuada para la segunda dosis y si tal vez sea necesario introducir nuevas dosis. En cambio, sí sabemos que la infección natural por el virus de la varicela en la primera infancia produce una inmunidad para toda la vida”, señalan.

Además, insisten en la duración de la inmunidad como una de las incertidumbres principales, puesto que podrían presentarse más casos en adultos que, incluso son más graves que los casos infantiles. SESPAS pide que las decisiones de salud pública se basen en pruebas científicas adecuadas y en estudios solventes de coste-efectividad y coste-oportunidad. Sobre este último, “queremos resaltar que hay intervenciones de salud pública que tienen mayores efectos en términos de salud que una vacuna sobre la que su aplicación en la infancia hay incertidumbres no resueltas”.  

Asimismo, reclaman que se sigan “los procedimientos establecidos y que, sin apresuramiento, se obtengan los dictámenes oportunos de los organismos técnicos y se realice un debate riguroso previo”. Los representantes de SESPAS explican que son conscientes de que el campo de las vacunas “recibe presiones de grupos de interés y de una ciudadanía muy influida por la industria fabricante”, pero resaltan que el Gobierno “debe tomar sus decisiones con imparcialidad y por ello aplicar las disposiciones que establece la Ley General de Salud Pública que tras cuatro años sigue sin cumplir”.