Hace escasas jornadas, el conceller de Salut de la Generalitat de Cataluña, Antoni Comín afirmaba que el ejecutivo catalán había reconsiderado su idea inicial de prohibir  la actividad privadade los operadores públicos. Señalando dicha actividad como una fuente de financiación de la que no se puede prescindir en la actualidad. Así mismo, Comín afirmó que esta situación no afecta especialmente al centro Barnaclínic, que es el que más está en mente de todos, sino a otros hospitales del territorio catalán. Con este giro, la consellería desestima, al menos de momento, ir contra la política del consejero anterior, Boi Ruíz, considerada al inicio de la legislatura autonómica como una posible fuente de desigualdades en el acceso a las intervenciones quirúrgicas y una alteración de las listas de espera.

A la vista de dichas declaraciones, realizadas a un rotativo de tirada nacional, Comín pareció atenuar su línea “desprivatizadora” iniciada con la decisión del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISTAT), dependiente del Departamento catalán de Salud, de no renovar el pasado mes de febrero los contratos públicos en régimen de concierto con la Clínica del Vallés y el Hospital General de Cataluña, centros que ya habían realizado con anterioridad 2.573 y 636 intervenciones públicas, respectivamente. Poco después de que se concretara esta medida, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) pidió al consejero catalán de Salud que estudiara en profundidad la supresión de este tipo de conciertos, por entender que tales decisiones pueden ser negativas para el desarrollo profesionaly el empleo, la asistencia sanitaria y la excelencia del sistema sanitario en su conjunto. Según IDIS, dicha eliminación de conciertos tienen un impacto directo sobre el paciente y en su acceso a los servicios sanitarios. En ese sentido, la entidad dedicada a trabajar por la integración sanitaria recalcó en un comunicado que las fórmulas de colaboración público-privadas son, en el modelo presente, imprescindibles para el mantenimiento del sistema sanitario público universal, siendo prueba de ello que todas las CCAA se apoyan en el sector de la sanidad privada para la prestación de sus servicios de salud. Por esta razón, el llamamiento de IDIS, cuyos responsables con Adolfo Fernández-Valmayor (presidente) y el doctor Manuel Vilches (director general) no sólo se dirigió al gobierno catalán, sino a todos los partidos políticos con responsabilidades en las administraciones públicas. Según la línea de pensamiento de IDIS, dichas fórmulas de colaboración público-privadas han demostrado su eficacia y eficiencia dentro y fuera de nuestras fronteras, afianzando el empleo cualificado en sanidad cuando no se ven alteradas por decisiones políticas sin determinación técnica, que pueden afectar tanto a los proyectos empresariales como a la consecución de los deseables resultados en salud. Todo ello, sin olvidar el factor empleo, que en el caso de los centros citados puso en cuestión más de 250 puestos de trabajo.

Con todo, la reacción más contundente, ante la posibilidad de que el gobierno catalán financiela sanidad pública de forma sistemática con asistencia privada, ha sido la de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), reaccionando con gran rapidez, al pronunciarse en contra del planteamiento expresado por el conceller Comín. Efectivamente, ASPE ha rechazado de plano que se promueva la realización de actividades sanitarias privadas en centros sanitarios públicos, para que estos últimos puedan cuadrar sus presupuestos. Igualmente, y teniendo en cuenta que Comín aseguró al asumir su puesto que su intención era desprivatizar el SISCAT para garantizar que no se hace negocio privado con la atención sanitaria pública, comportando un riesgo para la equidad, las declaraciones de la Consellería de Salut se entienden todavía menos. Tal como expresó la presidenta de ASPE y también responsable de la Policlínica Comarcal del Vendrell, Cristina Contel, esas fórmulas ya se ha ensayado sobradamente en Cataluña, provocando una desertización del tejido empresarial privado. Así ocurrió por ejemplo, como explica el comunicado de Aspe, en Reus, donde se pasó de tener 9 centros asistenciales privados a sólo uno, debido a la recaptación pública de la actividad sanitaria, asfixiando la iniciativa privada.

PIE DE FOTO: De Izda a Dcha: Manuel Vilches, director general de IDIS; Cristina Contel, presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española; y Adolfo Fernández-Valmayor, presidente de IDIS