El pasado 15 de septiembre, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, anunciaba en su discurso del debate de política general la reversión de la concesión del Hospital de Alzira y del área de Salud de la Ribera. Con esta decisión no se prorrogarán los contratos cuya finalización estaba acordada a finales de 2018. Procediéndose de igual forma con el área de La Marina y el Hospital de Denia, antes de concluir la legislatura (2020), y mucho antes de la finalización del contrato programada para el año 2024. Dicha decisión, tildada de política y no técnica, ha sido contestada ampliamente este viernes, 7 de octubre. Poniendo de relieve la incertidumbre que se ha generado a los profesionales que vienen trabajando desde hace muchos años en las concesiones. A lo que hay que añadir, como dijo el consejero de Ribera Salud, Alberto de Rosa, los graves perjuicios que se generarán a la empresa adjudicataria, que hasta el momento ha invertido en las concesiones 600 millones de euros, ha creado 5.000 puestos de trabajo, y ha obtenido de forma continuada y progresiva excelentes resultados asistenciales.

Al respecto argumentó, la semana que hoy concluye, el socio del área mercantil del despacho Cuatre-Casas, Nicolás González de Leito, que aun teniendo la Administración potestad para cambiar el sistema de gestión de un servicio público, el no cumplimiento de una prórroga de una concesión es difícil de argumentar jurídicamente, ya que la jurisprudencia al efecto determina que tal decisión debe responder inequívocamente a un bien público. También es de cumplir que la empresa adjudicataria sea incluida en un periodo de audiencia y que la decisión administrativa no responda a un criterio estrictamente político. A la argumentación del jurista, añadió Antonio Burgueño Jerez, uno de los primeros padres del conocido modelo Alzira, que la empresa concesionaria realiza permanentemente inversiones, por contrato, en renovación de los equipamientos, viéndose lesionados gravemente sus intereses en el caso de que la no renovación de los contratos se materialice. Un agravio comparativo con respecto a otros hospitales, en opinión de Burgueño, y un motivo de incertidumbre para las familias de los más de 1.000 profesionales que llevan prestando sus servicios en las concesiones y a los que nadie les ha dicho hasta el momento que va a ser laborablemente de ellos, tras dos décadas de dedicación al proyecto en la mayor parte de los casos. Insistiendo también Burgueño que la cartera de servicios ofrecida por los ciudadanos valencianos siempre ha estado muy encima de lo exigible a un hospital comarcal. Por todo ello, Burgueño no dejó de confesar su extrañeza y pesar por el curso de los acontecimiento, ya que fue uno de los primeros en llegar al proyecto Alzira, encontrando desde el principio carteles de plataformas defensoras de la sanidad pública, A pesar de reconocer la legalidad de la medida, Burgueño estimó que su legitimidad social quedará explicitada cuando los ciudadanos puedan opinar sobre los servicios perdidos. En cuanto al panorama político general, Burgueño propuso una coalición de Gobierno en la que la gestión corriera a cargo del Partido Popular, encargándose el PSOE del área social.

Por su parte, el director gerente de Salud La Ribera del Grupo Ribera Salud SA, Javier Palau informó este mismo viernes cómo llegó por escrito la decisión de la Generalitat Valenciana comunicando la determinación del gobierno autonómico, anunciando la creación de unas comisiones para poner las medidas en marcha. Desde entonces, los profesionales del hospital y del área de salud sólo han recibido algunos mensajes de tranquilidad, pero sin una hoja de ruta, y sin informarles sobre cuál será su figura laboral. Entrando en una situación de incertidumbre, después de muchos años de carrera profesional y grandes resultados en salud, con buenas cifras de listas de espera e intervenciones, y datos muy por encima de la media de la comunidad autónoma. Palau atisbó razones políticas o prejuicios en las decisiones autonómicas, antes de ver siquiera los datos de eficacia y eficiencia. Dado que el hospital mantiene un ritmo de actividad muy eficiente, sacando parte del volumen de trabajo de distintas áreas de la sanidad pública.

Por otro lado, han causado mejor impresión en el entorno de la Sanidad privada las declaraciones del consejero de Salud de Andalucía, Aquilino Alonso, propiciando acuerdos de colaboración público-privada con el grupo Hospitales Pascual, dentro de las negociaciones que mantienen con la Junta de Andalucía.

Pie de foto: Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud