Profesionales sanitarios y pacientes, unidos para poner fin al mal control de la anticoagulación en España

Representantes de las principales especialidades responsables de la atención del paciente anticoagulado han acordado una serie de compromisos para terminar con el mal control que sufre un tercio de éstos en España. En este documento también han participado asociaciones de pacientes, quienes están a favor de concienciar a la sociedad para el autocuidado y realizar un trabajo conjunto con los profesionales de la salud para evitar los riesgos de la fibrilación auricular. Identificar al paciente prioritario, aquel que se beneficiará más de un tratamiento con un Anticoagulante de Acción Directa (ACOD), concienciar sobre las causas y consecuencias que supone sufrir un ictus (principal consecuencia de un mal control de la anticoagulación), así como la importancia de su prevención; y la detección del mal control del INR (valor que se utiliza en el seguimiento de los pacientes anticoagulados para medir la eficacia del tratamiento), son algunos de los compromisos generales, transversales y fundamentales que todo profesional implicado en la gestión del paciente anticoagulado (más de 800.000 pacientes en España) debe asumir desde su responsabilidad profesional para terminar con el mal control de más de un tercio de estos pacientes en el país .

Así lo reconocen, por primera vez, en un documento de la Red ‘La salud del paciente, por delante’, expertos en representación de sus especialidades - Cardiología, Medicina Interna, Neurología, Hematología, Geriatría, Medicina de Familia y Enfermería-, así como asociaciones de pacientes , en el que animan a los profesionales sanitarios a comprometerse en aras de mejorar la gestión de estos pacientes, pues una correcta anticoagulación es vital para disminuir el riesgo de complicaciones tromboembólicas en el paciente con fibrilación auricular (FA) no valvular , la principal arritmia cardiaca y el segundo factor de riesgo más importante de ictus, enfermedad que representa la primera causa de muerte en la mujer española.

Según explica el d octor José María Lobos , coordinador del Grupo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyC) y coordinador de la Red, el documento ‘Compromisos para la gestión del paciente anticoagulado ’ recoge aquellas medidas que los profesionales sanitarios, desde la responsabilidad o papel que tienen en el manejo de la anticoagulación, deben llevar a cabo en línea con su compromiso ético con los pacientes. Y es que, la utilización de los anticoagulantes de acción directa en España (alternativa en los casos de mal control con los anticoagulantes clásicos) sólo ha alcanzado un 9%, mientras que en otros países como Francia o Alemania supera el 20%. “Los motivos, entre otros, el incumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad”, señala.

Entre los compromisos compartidos por todas las especialidades destaca la identificación y reconocimiento de los pacientes prioritarios para el tratamiento con ACOD , a partir de un diagnóstico de fibrilación auricular no valvular y la evaluación del riesgo tromboembólico y hemorrágico. “Consideramos pacientes prioritarios a aquellos en los que el beneficio terapéutico de tratar con ACOD es mayor, en cuanto a la probabilidad de evitar ictus y efectos adversos y con un mejor perfil de seguridad, en comparación con el tratamiento con AVK. Por ello, en estos pacientes los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de plantear la indicación de ACOD ”, señala el doctor Lobos. Por su parte, el doctor José Ramón González Juanatey , jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y coordinador de la Red ‘ La salud del paciente, por delante ’, explica que los otros dos compromisos compartidos por todas las especialidades son, por una parte, concienciar sobre las causas y consecuencias del ictus , como el mal control de la anticoagulación, y, por otra, cómo prevenir este ictus desde el control del INR. Así, señala, que “la definición del mal control del INR debe ser la que se recoge en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT), consensuado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios con las comunidades autónomas, que está en línea con lo establecido en las guías internacionales”.

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