El Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato SATSE se han pronunciado contra la autodenominada "farmacia comunitaria", una figura que, según los representantes de las enfermeras españolas provoca una "privatización encubierta de la Atención Primaria dentro del Sistema Nacional de Salud, una clara estafa a los ciudadanos, al querer ofrecer unos servicios asistenciales que ya realizan médicos y enfermeros en Atención Primaria. Además, los farmacéuticos no tienen respaldo legal ni competencias propias y les mueve un claro interés de lucro empresarial".

Esta denuncia ha tenido lugar durante la presentación de una encuesta que refleja que "más del 90% de los pacientes crónicos quieren que únicamente sean médicos o enfermeros los profesionales que realicen su seguimiento terapéutico. Apenas un 1% de los pacientes encuestados acepta que los farmacéuticos vayan a sus casas a revisar los botiquines y controlar sus tratamientos".

Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, ha asegurado que "se trata de un intento de privatizar el SNS y nos da mucha pena que determinadas CC.AA. estén aceptando esta situación y algunas incluso ya abonando a estos comercios privados por servicios farmacéuticos en los domicilios de los pacientes".

Por su parte, Manuel Cascos, presidente de SATSE, ha manifestado que "de manera reiterada desde hace casi un año, el Consejo General de Farmacéuticos -que no todos los farmacéuticos, que no comparten este proyecto- ha hecho públicas sus estrategias para llevar a cabo labores asistenciales como empresa privada, con pacientes crónicos y pluripatológicos, tanto en las farmacias como a domicilio con la falsa excusa de asegurarse de que siguen el tratamiento prescrito, hacer educación sanitaria y de prevención". "Para empezar, estas son competencias que corresponden a médicos y enfermeros en los centros de salud de todo el Estado, llevan haciéndolo muchos años y con gran satisfacción por parte de los usuarios. Pero no podemos consentir que una empresa privada con afán de lucro realice labores asistenciales a los pacientes de la Sanidad pública y que les incite a consumir más medicamentos y otros productos que ellos mismos venden en la farmacia", ha añadido.

En ese sentido, Cascos ha explicado que "impugnaremos judicialmente cualquier intento normativo". Al mismo tiempo, han anunciado que informarán a la Organización Médica Colegial (OMC) e iniciarán contactos con la Administración, portavoces políticos y asociaciones de pacientes y han solicitado a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, conocida por luchar contra el modelo de hospitales públicos de gestión privada -así como todos los consejeros autonómicos- que no colaboren en este fraudulento juego para privatizar la Sanidad Pública.

Los datos de la encuesta

Tal y como pone de manifiesto la investigación, a través de una encuesta elaborada con absoluta independencia por Análisis e Investigación, nueve de cada diez personas mayores de 55 años con una enfermedad crónica y/o los cuidadores de los mismos consideran que el control de su tratamiento sólo debe ser realizado por médicos y enfermeras (90,3%), y no por farmacéuticos. El índice de personas que estaría de acuerdo con que los farmacéuticos de las oficinas de farmacia sean quienes controlen su adherencia al tratamiento no llega ni al nueve por ciento (8,8%). Estos datos constituyen también un reto para los responsables políticos, encargados de dotar de suficiente número de profesionales a los centros de salud para que puedan responder a la demanda de los pacientes.

La encuesta sobre "Las visitas del personal de las farmacias a los domicilios de personas mayores con enfermedades crónicas" ha sido realizada a personas mayores de 55 años en tratamiento por una enfermedad crónica y personas que los cuidan y apoyan en su enfermedad. El estudio también sondea a los pacientes respecto a la pretensión de las oficinas de farmacia de que sus propietarios o sus empleados vayan a las casas de los mayores y enfermos crónicos para que comprueben sus botiquines y el correcto seguimiento de sus respectivos tratamientos. Los pacientes son tajantes al respecto: un 90,3% contesta que dicho control domiciliario sólo deben realizarlo médicos y enfermeros, que son los profesionales competentes, ya que basan sus decisiones únicamente en la salud de los pacientes, sin criterio economicista alguno, con absoluta libertad e independencia terapéutica.

Sólo el 2% de los pacientes crónicos y sus cuidadores entendería que la sanidad pública pagase a las oficinas de farmacia por el control de los medicamentos a domicilio, mientras que el 82% cree que lo que debería hacerse en caso de precisarse dicho control es contratar a más enfermeras. Asimismo, el estudio muestra que el grado de satisfacción de las personas con su profesional de enfermería en Atención Primaria ronda el nueve (8,86) sobre 10.