El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), dedicado a cómo recuperar el acceso universal al SNS, apenas duró este jueves tres horas. A su término, Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, agradeció el tono constructivo de la reunión. Recordó que, durante tres años, como consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, ha estado pidiendo la universalidad. Sostuvo que no existía ningún motivo en 2012 para la exclusión sanitaria que se plasmó en el Real Decreto 16/2012. Aseveró que ésta es una cuestión que tiene que ver con la "decencia" de un Gobierno y de un país. Asimismo, defendió la cuestión económica alegando que la Atención Primaria es menos gravosa para el sistema que cuando se accede a él por la puerta de Urgencias.

"Lo cierto es que, en las CC AA, han estado buscando en este tiempo soluciones, pero no de una manera armónica", sostuvo en alusión a las diferentes medidas autonómicas para que no se quedaran desatendidas las 840.000 personas que se calcula que sacó del sistema el Real Decreto 16/2012. Montón afirmó que ahora es momento de dar un paso adelante y de hacerlo de una forma que no sea arbitraria. La idea es dar "seguridad jurídica". "Para nosotros, hoy, la asistencia universal es una prioridad", insistió. Aseveró que en tres semanas de Gobierno han abierto "un camino dialogado" en el que ya se han reunido con movimientos civiles y ciudadanos.

El Ministerio, según Montón, trasladó en el Consejo Interterritorial los principios básicos de la normativa que van a impulsar. Se trata de recuperar la universalidad y de ligarla al concepto de ciudadanía. Anunció que propondrán la creación de una comisión mixta para hacer un seguimiento de la norma que se establezca. Por lo expuesto por la ministra, parece que se ha descartado la derogación del Real Decreto 16/2012.

Respecto a las críticas de los consejeros del PP de que no se había aportado documentación económica al Consejo Interterritorial, Montón argumentó que el Real Decreto 16/2012 no llevó aparejado una memoria económica. Aseguró que las personas que están fuera del SNS "tienen acceso al sistema por la puerta de Urgencias" y que la universalización "no supondría un sobrecoste porque todas las CC AA están dando esa asistencia sanitaria".

Concretó que se habló de que, cuando una persona en situación irregular no pueda acreditar que está en condiciones vulnerables se realice un informe social.

Con todo, el objetivo es "volver al espíritu que Ernest Lluch plasmó en la norma", en la Ley General de Sanidad de 1986. "En España, casi todo el mundo tiene claro que la asistencia sanitaria debe ser universal", manifestó Montón, que propondrá a las CC AA un calendario para que participen en la preparación de la nueva norma.

Los consejeros de Madrid y La Rioja.

Antes de la intervención de la ministra, varios consejeros de Sanidad de CC AA acudieron a la sala de prensa para ofrecer su punto de vista sobre el Consejo Interterritorial. Patricia Gómez Picard, de Baleares, declaró que era un día histórico porque "recuperamos la voluntad de devolver a derechos los ciudadanos". Consideró que "la protección de la salud no tiene precio" y que hay que analizar "todo lo que no se ha hablado". "Desconocemos el impacto económico de este Real Decreto 16/2012", criticó. Jesús Fernández Sanz, de Castilla-La Mancha, también del PSOE, recalcó que las CC AA y quienes gestionan la salud han tenido que buscarse la vida para tener un reglamento y atención a los ciudadanos en situación irregular. "A nadie se le ha dejado de atender porque las CC AA no han permitido que pasara, con iniciativas llevadas a cabo en diferente tiempo y con heterogeneidad", pronunció. Sobre las discrepancias con las CC AA del PP, puntualizó que los conflictos se estaban dando en la financiación y en algunas apreciaciones técnicas, como el empadronamiento.

Enrique Ruiz Escudero, de Madrid, fue crítico: "Nos ha sorprendido que el único punto del día sea la universalidad de la Sanidad, porque históricamente se ha hablado de que a las personas se les atendía. Realmente se ha dado esa prestación por parte de las CC AA". De la misma manera, amonestó que los consejeros tenían que haber recibido una documentación mucho más exhaustiva de lo que se pretende hacer. "A la hora de definir ese concepto es fundamental ver qué prestaciones se van a dar. Si es verdad que tenemos 840.000 personas fuera del sistema, que nos digan qué impacto económico para las CC AA conllevará. Parece que para el resto de consejeros de las CC AA del PSOE la financiación ya no es un problema", rechazó.

María Martín, de La Rioja, certificó que los consejeros del PP siempre han estado por la cohesión del SNS. "Hoy, lo que hemos visto es que se ha puesto encima de la mesa algo que ya se dijo en 2015, en tiempos de Alfonso Alonso, que es ponernos de acuerdo en cómo estamos prestando esa asistencia. Lo que más se pedía era esa financiación. Hemos recibido un documento que me recuerda a aquella alianza de civilizaciones de otras épocas, pero que no se concreta lo que se entiende por universalidad", expuso. Añadió que lo más importante es que la solidaridad tiene que ir acompañada de responsabilidad y seguridad jurídica.

Por su parte, Jesús Vázquez Almuiña, valoró que el orden del día y la documentación facilitada tenían que haber sido "más completos". "La financiación es un tema que preocupa, al igual que la falta de determinados profesionales en algunos ámbitos médicos", expresó. "Lo primero es ver si hay un problema real. Hemos dicho todos que el problema lo tenemos resuelto, de una manera u otra. Si hay un problema, debería presentarse una memoria económica", recomendó. No concretó cuál sería la aportación farmacéutica de las personas que entrarían al SNS, aunque se había propuesto un 40%. Hay otras preguntas, que lanzó, por definir como los criterios de uso inadecuado y si se hará algo para evitar el turismo sanitario.

María Luisa Real, de Cantabria, fue de las que agradeció a la ministra la rapidez con la que había convocado este Consejo Interterritorial. Puntualizó que el Real Decreto 16/2012 expulsó del SNS no sólo a extranjeros, también a nacionales y a los más vulnerables. Para ella, está es una cuestión de voluntad política y de Salud pública. Entendió la universalidad como "el derecho de atención sanitaria independientemente de cualquier sistema de aseguramiento". Marina Álvarez, de Andalucía, advirtió de que el no atender a esta población mediante programas preventivos lleva a problemas de Salud pública.

Antonio María Sáez, de Castilla y León, creyó que "hay una propuesta muy inconcreta de la universalidad". "Sólo hemos visto un papel de dos folios con una serie de principios que parece que confunde a ciudadanos españoles y extranjeros. Se ha dicho que se excluyeron en su momento 840.000 ciudadanos. Los discursos se han construido por la exclusión sanitaria y parece que esa exclusión hoy no se ha producido. Estamos atendiendo a todas las personas en situación irregular que lo requiere. Buscamos que se haga esa atención homogénea", asestó. Cuantificó, a razón de 1.530 euros por habitante, multiplicándolo por 840.000 personas excluidas, en que la inclusión supondría 1.200 millones de euros.

Manuel Villegas, de Murcia, se mostró sorprendido por el hecho de que el tema de la financiación haya pasado a segundo plano. "Hemos manifestado en el Consejo que preocupa la financiación, que es un tema prioritario", informó. Por último, Sebastián Celaya, de Aragón, concluyó que el Real Decreto 16/2012 fue un ataque a uno de los derechos fundamentales que era el de la salud y la atención sanitaria. "Lo que hacía era quebrar el principio de que la asistencia sanitaria era un derecho reconocido a todos los ciudadanos y lo vinculó a las cotizaciones y la seguridad social. El Gobierno va a dejar claramente establecido que todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residen en España tendrán derecho a la salud independientemente de su seguridad social. Éste es el punto fundamental", finiquitó.

FOTO PRINCIPAL: Carmen Montón.