La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se debe configurar como una manera de repensar el papel de la empresa en la sociedad, incorporando como elemento vertebrador una perspectiva de gobernanza y de sostenibilidad. Según Anna Rodríguez Cala, directora de Estrategia del Institut Català d´Oncologia (ICO) y responsable del Comité de RSC y Ética de SEDISA, "es algo que debe estar integrado en la visión de la empresa, en su estrategia global y en el diálogo con los diferentes actores involucrados. Las organizaciones sanitarias en España llevan años trabajando en RSC pero queda mucho camino por recorrer".

Ésta es la principal conclusión y recomendación que se desprende de los resultados del Sondeo sobre la implementación de la RSC en las organizaciones sanitarias, impulsado por el Comité de RSC y Ética de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA). Así, de los seis grupos de medidas analizadas, las relaciones con los proveedores y la comunidad son los que necesitan de un mayor esfuerzo, pues tienen una media menor de implementación que el resto de áreas (gestión ética y buen gobierno, orientación al usuario, orientación a los profesionales y compromiso con el medio ambiente).

Desde el punto de vista contrario, la orientación al usuario es el apartado con mejores resultados, de forma que 52% es el porcentaje de media de implementación de las 13 medidas analizadas en el Sondeo: "Sistema de gestión de calidad, cartera de servicios, plan de comunicación en derechos y deberes, etcétera, son iniciativas bastante implementadas desde un punto de vista general y en diferentes comunidades ya hace años que se han potenciado programas de humanización", explica Rodríguez Cala.

De los 13 ítems, destaca que en torno al 70% de los participantes afirme que sus organizaciones cuentan con un sistema de gestión de la calidad, con medidas para proteger la confidencialidad del ciudadano y con un plan de seguridad del paciente. En este marco, en cuanto a la participación de los usuarios destaca, por una parte, el hecho de que casi el 65% afirme tener un plan de mejora derivado de las reclamaciones y de las encuestas de satisfacción, pero que solo el 22,22% tenga implantada del todo la participación en comisiones y/o grupos de trabajo.

El Sondeo sobre la implementación de la RSC en las organizaciones sanitarias fue realizado durante el mes de enero de este año con el fin de analizar la situación de la implementación de la RSC en las instituciones del sector, priorizar líneas de trabajo y detectar necesidades en formación, desarrollo, etcétera, dirigido a profesionales que trabajan en el sector y que quieran colaborar en la consecución de los objetivos descritos. En él han participado 180 personas, con representación de todas las comunidades autónomas, teniendo la Comunidad de Madrid el mayor porcentaje de representación (34%), seguida de Castilla y León (10%), Cataluña (9%), Galicia (8%) y Valencia (6%). Si el análisis se realiza por área de trabajo, el 69% de los participantes se corresponde a organizaciones sanitarias del sector público, un 14% a organizaciones sanitarias del sector privado, un 7% a la industria farmacéutica, un 2,78% a la industria tecnológica y un 6% a otros sectores.

Esta iniciativa supone un paso más en el ámbito de la RSC y la Ética por parte de la Sociedad, tras el lanzamiento en marzo de 2017 del Código Ético (http://sedisa.net/wp-content/uploads/2017/03/CodigoETICOSEDISA-marzo2017.pdf), que compromete al directivo de la salud miembro de SEDISA, así como a la Sociedad y a la Fundación SEDISA al cumplimiento de lo contemplado en el mismo, así como a respetar, fomentar y llevar a cabo los principios y valores expuestos. En palabras de la responsable del Comité de RSC y Ética de la Sociedad, "en el marco de la profesionalización necesaria de los directivos, es fundamental que, como líderes en sus organizaciones sanitarias, asuman la necesidad de impulsar una cultura organizativa enfocada a la RSC, la ética y la transparencia".

Áreas de mejora más importantes

Todas las administraciones públicas se rigen por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013). No obstante, a la luz de los resultados del sondeo, el apartado de gestión ética y buen gobierno tiene diferentes puntos de mejora. Así, el 38,34 % de las organizaciones no tiene plan estratégico implantado o la implementación del mismo no es total y en torno al 53% no tiene portal de transparencia o no lo tiene implementado del todo.

Un 45% de los participantes promociona la sostenibilidad económica y un 43% tiene implantado un registro de la legislación en materia económica, social y medioambiental. Pero, sin embargo, solo el 42% tiene un código de buen gobierno para el consejo de administración.

En el apartado de orientación a los profesionales, el 44% de los participantes estima que los 14 ítems analizados están implementados totalmente. De los ítems en concreto, se considera positivo el hecho de que el 62% de los participantes considere que la promoción de la participación de los profesionales en la gestión está implementada del todo en su organización, si bien las mejoras a conseguir tienen un porcentaje más alto en la diversidad de género en el comité de dirección, en el despliegue de un plan de igualdad dotado de herramientas de seguimiento y en la implementación de un sistema de medición del clima laboral.

Seis ítems han sido los analizados en el área de compromiso con el medio ambiente: política medioambiental, optimización del consumo de agua, medidas de ahorro energético y reducción de emisiones, plan de gestión de residuos, sistema de gestión medioambiental, y actuaciones para promover la movilidad y accesibilidad al centro de trabajo con transporte público y/o alternado. De todos ellos, las organizaciones sanitarias sacan un notable en el plan de gestión de residuos (el 72% de los participantes opina que su organización lo tiene implementado 100%), siendo los ítems más deficitarios la optimización del consumo de agua (más del 60% de los participantes cree que su organización no la tiene implementada o no la tiene del todo) y las actuaciones para promover la movilidad y accesibilidad al centro de trabajo con transporte público y/o alternado (más del 75% cree que su organización no tiene esta iniciativa implementada o no la tiene del todo).

Pero donde peor nota sacan las organizaciones sanitarias en España es en las relaciones con los proveedores y con la comunidad. En el primer apartado, la implementación total de medidas tan relevantes como los criterios de compra responsable en función de aspectos medioambientales y sociales, la metodología de evaluación de proveedores e identificación de riesgos, un código ético con las pautas generales de actuación requeridas en la cadena de suministro y las alianzas estratégicas no supera o está en torno al 30% de implementación total. Por otra parte, en cuanto a las relaciones con la comunidad, seis de cada 10 participantes creen que su organización no tiene implementado o no lo tiene implementado del todo un programa de relaciones con la comunidad local (puertas abiertas, promoción de la salud, etcétera) y siete de cada 10 opina que no está implementada o no lo está del todo la promoción de acciones de voluntariado corporativo entre los profesionales.