Las pseudoterapias provocan entre 1.210 y 1.460 muertes al año en España. Se trata de la principal conclusión del "Primer informe sobre fallecidos a causa de las pseudoterapias en España", que acaba de ser presentado por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), una organización formada por un conjunto de personas entre las que se encuentran afectados, médicos, investigadores y otros profesionales, que libremente se han asociado para luchar contra la desinformación y las estafas sanitarias que forman las terapias alternativas.

Tal y como se especifica en el preámbulo del documento, se trata de una primera aproximación para abordar un problema que causa miles de muertes al año que no quedan reflejadas en ninguna estadística ni estudio oficial, siendo este un grave problema de salud pública sobre el que las autoridades competentes no realizan un control.

Según el texto, estas prácticas carentes de evidencias científicas, que la Organización Médica Colegial ha declarado contrarias a la deontología médica y que además se practican en la mayoría de casos desde centros que incumplen las leyes de centros y profesiones sanitarias, serian la causa de estas muertes por tres vías principales: abandono de terapias, pérdida de oportunidad terapéutica y daños directos al paciente.

Así pues, a falta de estadísticas oficiales, el informe repasa diversos casos recogidos en prensa y en la literatura científica, y realiza una extrapolación de esos datos a la situación demográfica de España. Debido a las limitaciones en la cantidad y calidad de estudios, las cifras podrían estar altamente infraestimadas. Además, el informe elaborado por APETP llama la atención sobre la ausencia de estudios oficiales, por parte de las autoridades competentes, lo que dificulta obtener una cifra exacta para arrojar luz sobre un grave problema de salud pública que genera miles de muertes evitables al año.

Por último, el texto presenta un análisis de cuál es la situación actual en España, y analiza los motivos del auge de prácticas pseudocientíficas que implican a muchos actores, entre ellos las universidades, los ayuntamientos, los colegios de médicos, los medios de comunicación y los diferentes organismos del estado encargados de hacer cumplir las leyes sobre centros y profesiones sanitarias.

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