En 2018, el presupuesto sanitario en el Principado de Asturias ha sido de 1.703 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio anterior. En cuanto al valor per cápita, se encuentra por encima de la media española, con 1.656 euros, una cifra que ha crecido casi un 5% desde 2017.

Los grupos parlamentarios de Asturias cerraron el acuerdo con el Gobierno para el proyecto de Ley, que entró en la Junta General el 27 de noviembre para iniciar la tramitación parlamentaria de los presupuestos para 2019, que para Sanidad ascenderían a los 1.761 millones de euros. En estas negociaciones destacan propuestas como la contratación de 367 efectivos del Sespa, entre médicos, enfermeros y auxiliares, para reducir las listas de espera. Se trata de una medida que necesitaría de una inversión de 20 millones de euros y que se concreta en la contratación de 107 especialistas de atención primaria, 200 enfermeros y auxiliares y 60 especialistas de hospital.

Decreto

En el Principado de Asturias, 61.798 pacientes se encuentran en espera estructural para consultas del SNS (a 31 de diciembre de 2017). La lista de espera quirúrgica alcanza a 17.886 personas, y el tiempo medio de días de espera para una primera consulta o una prueba en Atención Especializada son 69 días.

El pasado 8 de noviembre entró en vigor en la región el esperado decreto 59/2018 sobre garantías de tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado (Sespa), información sobre las listas de espera y registro de demanda asistencial. Es decir, a partir de esta jornada, el Sespa tendrá que comenzar a cumplir por ley unos plazos para atender a los pacientes, tanto para las primeras consultas como para las pruebas diagnósticas o las intervenciones quirúrgicas. El problema es que está lejos de cumplirlos. Las listas de espera del mes de septiembre, las últimas hechas públicas por el Principado, confirman un grado de cumplimiento ínfimo. No obstante, el Gobierno regional señala que está haciendo todo lo posible.

Desde que salió el primer borrador de decreto, la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Asturiana, que ha participado en el proceso de discusión de este decreto, ha afirmado reiteradamente en todos los foros en los que ha participado que hay algunos aspectos positivos del decreto, pero que contiene lagunas, insuficiencias y enfoques erróneos, que en su conjunto no le han permitido dar su conformidad. Entre ellas, destaca la incoherencia entre los objetivos y la realidad.

Para el paciente, este decreto implica, en primer lugar, que podrá tener una acreditación oficial del día en el que entra en lista de espera, para qué servicio o prueba. Si se cumple el tiempo máximo previsto para la consulta, prueba o intervención que ese enfermo tiene pendiente, podría presentarse en un mostrador de atención al paciente del Sespa y exigir que se cumpla la legislación. En teoría, también podría recibir información individualizada sobre la posición en la que está colocado en la lista y cómo va su expediente. A partir de ahora, además, las operaciones prioritarias tendrán una demora máxima de 180 días, y no será posible derivar a centros privados para corregir las deficiencias de la sanidad pública.

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