La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, ante el actual brote de intoxicación por Listeria que iniciado en Andalucía ha alcanzado a 5 CCAA más, tiene que señalar que la Listeria es un contaminante que debería de haberse eliminado en la cadena de producción y su presencia en los productos comercializados evidencia fallos importantes en el proceso, que son responsabilidad de la empresa y de las autoridades sanitarias andaluzas que tienen el deber de controlar e inspeccionar la salubridad de los productos comercializados.

Explican que la actuación de la Junta de Andalucía y en especial de la Consejería de Sanidad han sido claramente irresponsables y han favorecido la extensión del problema. En concreto se ha tardado en dar la alarma sobre listeriosis, en inmovilizar el producto, en investigar si la contaminación estaba presente en otros productos de la marca y en investigar las CCAA donde había sido distribuido.

Según la Federación, de todo ello pueden haberse derivado una mayor extensión de la infección al no haberse evitado el consumo humano. Desde luego los datos concretos solo se conocerán dentro de un tiempo porque como es sabido el periodo de incubación de la enfermedad puede prolongarse hasta 4-5 semanas, y además si se hace un riguroso registro de la fecha del consumo del producto contaminado. Esperamos que en este caso haya la transparencia que ha faltado hasta ahora.

También aclaran que es difícil saber porque la Consejería de Sanidad ha actuado tan mal, podría ser por pura y simple incompetencia, por el deseo de minimizar un asunto que podía dañar su imagen, o para favorecer los intereses de la empresa. Es probable que se trate de una mezcla de todos estos motivos. "Lo que está claro es que su forma de actuar ha supuesto riesgos innecesarios, y probablemente graves consecuencias, para la salud de las personas, fuera y dentro de Andalucía".

Señala que hasta ahora en España, y a partir de la intoxicación de la colza en 1981, los brotes de intoxicaciones alimentarias habían tenido una respuesta adecuada de las autoridades sanitarias. Lo sucedido en Andalucía vuelve a poner de relieve que es muy importante que las autoridades sanitarias sean responsables y cualificadas, y tengan capacidad para garantizar la salud de la población por encima de sus intereses políticos y personales, así como del desarrollo de la Ley General de Salud Pública que el PP paralizo.