La Alianza de la Sanidad Privada Española advierte que el conjunto de los profesionales sanitarios, tanto si están vinculados laboralmente a la sanidad pública o la privada, deben ser incluidos en los grupos prioritarios de vacunación covid-19 que, tras la autorización de la Unión Europea, podría iniciarse en las próximas semanas.

La patronal considera preocupante que hasta el momento solo cinco comunidades autónomas (Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía y La Rioja) hayan solicitado datos de los profesionales de la sanidad privada, con la intención de incluirlos dentro de los grupos preferentes de riesgo establecidos en la propia `Estrategia de Vacunación COVID-19´ del Ministerio de Sanidad. El personal sanitario y sociosanitario está considerado prioritario en dicho documento, sin especificar en ningún momento su procedencia o que quedan excluidos explícitamente los profesionales de la sanidad privada.

"Se estaría aplicando un criterio totalmente discriminatorio, carente de sentido y que pondría en riesgo a una parte importante del colectivo sanitario asistencial que, al igual que el resto de profesionales de la salud, ha estado y está en primera línea frente a la pandemia", denuncia el presidente de ASPE, Carlos Rus.

"Los profesionales que trabajan en nuestros 460 hospitales son parte del colectivo sanitario y están expuestos al mismo riesgo de contagio del virus, por lo que excluirles de la vacunación preferente sería un despropósito", añade.

La sanidad privada atiende habitualmente a más de 12 millones de españoles, uno de cada cuatro ciudadanos que acuden de forma regular a centros distribuidos por todo el país para cuidar su salud. "Con la adopción de este criterio estaríamos poniendo en juego a su vez la salud de los pacientes", insiste el presidente de la patronal.

Esta discriminación entre profesionales sanitarios de la pública y la privada sería igualmente contraria al reciente pronunciamiento del Comité de Bioética, adscrito al Ministerio de Sanidad. El organismo alude al cumplimiento del imperativo deontológico ´Primum non nocere´ ("primero no hacer daño") para considerar que todos los facultativos y resto de personal sanitario deberían estar obligados a vacunarse, ya que de otra forma estarían poniendo en riesgo a los pacientes que vayan a tratar.

Participación de la sanidad privada en la vacunación Covid-19

A pesar de que la sanidad privada no ha sido convocada a participar en el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, ASPE ha tendido la mano a las autoridades sanitarias con el fin de establecer una colaboración efectiva que pueda contribuir a acelerar la vacunación en España, al igual que ya participa en otras campañas como la de la gripe. En esta línea, se han enviado misivas especificando la puesta a disposición de medios tanto al ministro de Sanidad Salvador Illa como a los consejeros de Salud autonómicos de Madrid, Canarias, Valencia, Extremadura, Cantabria, Castilla Mancha, Asturias y Aragón.