El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha desarrollado nuevo método de determinación del precio para hacer frente a la actual volatilidad de los costes de las materias primas y la energía. Se trata de un mecanismo que, junto a la parte fija, introduce una parte variable y dinámica en el cálculo del precio, lo que reduce el riesgo a asumir por parte de las empresas licitadoras y garantiza, a los centros sanitarios, pagar siempre a un precio de mercado.

Este método ha sido desarrollado por el Servicio Agregado de Contrataciones Administrativas (SACAC) del CSC, que actúa como central de contratación del sector sanitario concertado de Catalunya, al constatar que el incremento de los costes y la incertidumbre económica está provocando que muchos expedientes queden desiertos. "Incluso en algunos casos, las empresas adjudicatarias quieren resolver los contratos antes del fin de su vigencia, al considerar más rentable pagar la posible sanción que continuar prestando el servicio", explica Paula Hors, abogada y directora del SACAC. Esta situación, que se da actualmente en muchos de los procedimientos de compra pública, es especialmente sensible en la compra pública sanitaria, mediante la cual se abastecen los hospitales y otros centros sanitarios para el desarrollo de su actividad. "Existe un grado de incertidumbre tan elevado en el mercado que muchos proveedores prefieren no presentarse a las licitaciones que se están publicando", asegura Hors.

El nuevo mecanismo incorporado por el CSC consiste en determinar el precio de los productos licitados en expedientes públicos a partir de una parte fija y otra variable. La parte variable se calcula en base a una fórmula que se referencia en índices de precios de energía, materias primas y transporte, según el tipo de producto, de manera que el precio del contrato es cierto y conocido en todo momento por los licitadores y por las entidades contratantes. "Esta fórmula pretende ser una mecanismo justo y equilibrado que incentive a los proveedores a participar en las licitaciones", explica Ferran Cinca, coordinador de Compras y Logística del CSC.

De esta forma, el nuevo método de fijación de precios del CSC permite ajustar los contratos públicos a los incrementos o decrementos del mercado. "Aunque sigue existiendo una parte fija que permite cumplir con el principio de riesgo y ventura del contratista y dar seguridad jurídica a las compras sanitarias, la parte variable adapta este riesgo a la realidad económica actual", señala Paula Hors. Además, esta fórmula también beneficia al comprador del sector público: "Garantiza que, si los precios bajan, se pagará a precio de mercado, a la vez que favorece la concurrencia de empresas", asegura la responsable del Servicio Agregado de Contrataciones Administrativas del CSC.

El primer expediente en el que el CSC ha incorporado esta nueva fórmula es el de compra de material de hostelería, donde materias primas como la celulosa, necesaria para la fabricación de productos como el papel, ha sufrido una elevada fluctuación de los costes en los últimos meses. "Los buenos resultados obtenidos con este primer expediente nos permite comprobar la buena disposición del mercado para la introducción de innovaciones en la compra pública sanitaria, reinventando el trabajo de las organizaciones para cubrir las necesidades del sector sanitario", apunta Josep Maria Guiu, director del Área de Farmacia y del Medicamento del CSC.

Con el objetivo de que los centros sanitarios puedan seguir provisionándose dentro del marco legal, el Servicio Agregado de Contrataciones Administrativas del CSC prevé seguir aplicando este nuevo método de determinación del precio "solo en casos excepcionales y justificados, en los que la volatilidad del precio sea muy elevada". Los procedimientos de contratación pública se rigen por la ley de contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) y siguen el esquema diseñado en 2015 por la Ley de Desindexación de la Economía Española, que ha sido válido durante algunos años. Pero la subida de precio de las materias primas y la energía está dificultando enormemente estos procedimientos, por lo que distintos agentes del sistema sanitario abogan por una actualización de la normativa actual. Des del CSC, en cambio, se ha logrado encontrar una solución dentro del marco legal actual.