La nueva ley europea de Inteligencia Artificial ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer límites legales y éticos a esta tecnología con el objetivo de garantizar que los sistemas de IA comercializados en Europa sean seguros y respetuosos con los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea (UE). En este sentido, aunque la norma hace referencia a los servicios esenciales, empresas sanitarias como ASHO, líder en asesoramiento hospitalario y codificación sanitaria, echan en falta una mención específica a la IA en el sector de la salud.

Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO, explica que "durante los próximos años veremos cómo la sanidad será una de las áreas donde la aplicación de herramientas de inteligencia artificial tendrá más beneficios y servirá para mejorar la precisión, eficiencia y calidad de la atención médica, por lo que es necesario establecer una normativa clara sobre este sector".

Si bien es cierto que la ley contempla como "alto riesgo" los sistemas de IA que se utilicen en productos sujetos a la legislación de la UE sobre seguridad de los productos, incluyendo los dispositivos médicos, no existe una sección específica sobre la aplicación de la IA en el conjunto del sector sanitario.

Una revolución en el modo en el que entendemos la medicina

Por su parte, el director del área de Inteligencia Artificial de ASHO, Juli Climent, resalta la importancia del papel de la IA en este sector: "La IA nos ayuda a agilizar y reducir el tiempo invertido en recabar datos e interpretar resultados, así como monitorizar y ofrecer tratamientos personalizados que puedan cambiar radicalmente el modo en el que concebimos la medicina".

De esta forma, Climent considera "muy positiva" la creación de un organismo europeo destinado a velar por el cumplimiento y la actualización de lo que corresponde un riesgo o no en IA. Y añade "y más aun teniendo en cuenta la creación de un foro consultivo mediante el cual la sociedad civil en su conjunto, así como las pymes, puedan expresar sus preocupaciones e intereses".

El objetivo de la UE es que esta norma se expanda a nivel internacional, por lo que, en la opinión de Climent, "aunque la ley entraría en vigor en 2026, es fundamental empezar a crear las estructuras necesarias para su cumplimiento en el propio territorio europeo y, posteriormente, aplicarlo en el resto del mundo".

Dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa, el incumplimiento de esta ley en la UE implicará multas que oscilan entre los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global y los 7,5 millones o el 1,5% de la facturación.