Un consorcio de 12 asociaciones nacionales e internacionales que cubren un gran espectro de actividades científicas han acogido con cautela la modificación parcial de la orden ministerial sobre las antiguas becas de investigación y periodos de prácticas. En particular, consideran positivo que se utilice ahora la base de cotización en el año correspondiente, pero coinciden en calificar de "insuficiente" esta orden ministerial modificada, porque deja fuera puntos principales como la extensión del período recuperado y los costes que ha de cubrir la persona afectada.

Representantes de las 12 asociaciones se reunieron la semana pasada con el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, D. Borja Suárez Corujo, para transmitirle el descontento generalizado de la comunidad científica ante la orden ministerial ISM/386/2024. La reunión fue cordial, planteándose distintos temas sobre recuperación de derechos sociales para los antiguos becarios y becarias de investigación y plantearle alternativas.

Las reivindicaciones principales planteadas ante el Ministerio eran, y siguen siendo: (1) recuperar los derechos laborales de todo el período trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social, (2) considerar la base de cotización que correspondía en su momento, y no la del año 2024, (3) que el empleado asuma solo sus propios costes, y no también los del empleador.

De estas tres reivindicaciones principales, el Ministerio solo ha anunciado que considerará la base de cotización que correspondía en su momento y no la del año 2024, algo que este colectivo considera "esencial".

Para las sociedades científicas es algo "irrenunciable" que el empleado asuma solamente sus propios costes y no, como pretende el Ministerio, también los del empleador. "No es justo que pretendan cargar sobre los hombros de los investigadores también los costes del empleador".

De la misma manera, las sociedades científicas siguen reclamando recuperar los derechos laborales de todo el período trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social. "Es importante que no se establezcan diferencias: en una primera fase, al menos, 5+2 años en una para los que se acogieron al convenio antes del 2011 y 7 para los demás", indican. En años posteriores tendría que ofrecerse la posibilidad de reclamar el resto del período trabajado.

El anuncio del Ministerio recoge las condiciones planteadas en 2011 y en diciembre de 2023, unas condiciones a las que estos colectivos ya plantearon alegaciones. "Han pasado muchos años y se han realizado muchas sugerencias. Es momento de escuchar a los científicos y que atiendan a las reivindicaciones de todo el colectivo. Esperamos que el Ministerio continúe el diálogo con las asociaciones para concretar los detalles de la rectificación de la Orden", señalan.

Los representantes del mundo de la ciencia están en contacto con miembros de la Mesa de Diálogo Social para tratar de dar solución a una orden ministerial que afecta a miles de investigadores españoles. "Esperamos, en concreto, que los sindicatos y los representantes de la patronal entiendan como justas las peticiones del colectivo investigador, tan necesario para la sociedad, y en situación de precariedad histórica en cuanto a presupuestos y condiciones de desarrollo profesional". Estas entidades han trasladado también sus peticiones a otros Ministerios (Ciencia e Innovación y Salud) para que sean conocedores de cómo esta medida impuesta por el Ministerio de Inclusión afecta a varios miles de profesionales en este país que iniciaron su carrera profesional con becas precarias, la única opción posible en aquel momento para desarrollar una carrera investigadora.