La comunidad científica está expectante ante la posibilidad de recuperación de períodos de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social ni se consideraban relación laboral antes del año 2011, un problema que afecta a miles de investigadores e investigadoras españoles, y que sigue sin resolverse satisfactoriamente.

El 1 de mayo del 2024, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó una Orden Ministerial en la que se ofrecía la posibilidad de recuperar a efectos de Seguridad Social 5 años de trabajo investigador, pero con base de cotización del año 2024 y con costes que suponían a la persona afectada cubrir cuotas del empleado y del empleador. Esta orden ministerial fue fuertemente contestada por distintas entidades, particularmente las firmantes en esta nota de prensa. Tras distintas reuniones, el Ministerio, conjuntamente con la Mesa de Diálogo Social, ha rectificado algunas de las medidas que había propuesto. Como aspectos positivos, se han incluido alegaciones de estas entidades habían presentado en diciembre del 2023 respecto a de alguno de los aspectos más lesivos, como la rectificación de la base de cotización a la mínima del año a recuperar. Además, se incluyen en la orden becas de investigación que no son predoctorales, se permite el fraccionamiento del pago hasta en 7 años, y se permite un plazo de 4 años para suscribir el convenio, medidas que en conjunto facilitan que más personas se puedan acoger. De todos modos, estas asociaciones científicas insisten en que estos cambios son "insuficientes".

ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer), ANIH (Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB), la Plataforma de Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID), la Sociedad Española de Neurociencia (SENC), la Sociedad Española de Genética (SEG), la Real Sociedad Española de Física (RSEF), la Asociación Española de Astronomía (SEA), la Real Sociedad Española de Microbiología (SEM), la Sociedad Española de Genética (GEM),  con apoyo también de asociaciones internacionales (RAICEX, ICORSA) que cubren un gran espectro de actividades científicas, aprecian los avances, pero insisten en que estos cambios siguen siendo insuficientes porque "el período de recuperación se sigue limitando a 5 años, y el empleado ha de asumir también los costes del empleador".

Al no resolverse el límite de 5 años, se necesita buscar otra solución legislativa específica que no considere este trabajo como "prácticas académicas". Algunas de nuestras sociedades ya han hecho propuestas legislativas para reconocer los derechos laborales de estos periodos, incluyendo la cotización a la Seguridad Social por un mecanismo que no es el del convenio especial.

Ante las declaraciones de la ministra de Inclusión diciendo que buscaba una solución "reparadora" para el colectivo, las entidades mantienen la propuesta de una bonificación sobre la cuota para conseguir un convenio realmente justo. Piden que tanto el Ministerio de Inclusión como el Gobierno en su conjunto exploren esta vía para encontrar esa posibilidad de reparación.

En resumen, afirman: "Las protestas se iniciaron ya antes del 2011. Continuamos en junio y en diciembre de 2023, y ahora en el año 2024". "Han pasado muchos años y se han realizado muchas sugerencias. Es momento de escuchar a los científicos y que atiendan a las reivindicaciones de todo el colectivo. Esperamos que el Ministerio continúe el diálogo con las asociaciones para concretar los detalles de la rectificación de la Orden, así como para buscar una solución completa al problema".

Las entidades firmantes siguen a disposición del Ministerio y de los integrantes de la Mesa de Diálogo (sindicatos y patronal), para conseguir unas mejores condiciones para un colectivo científico cuyo objetivo es mejorar la I+D+I en beneficio del conocimiento y el impacto social.