Al final del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, celebrado este miércoles en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, su titular, Alfonso Alonso, aseguró que se están dando pasos en la evolución hacia un modelo asistencial esencialmente sociosanitario, en lugar del actual sistema hospitalario orientado a pacientes agudos. A pesar de que el envejecimiento de la población da la razón al responsable político, lo cierto es que los números marcan un verdadero abismo entre ambas concepciones de la asistencia. Para ello basta el ejercicio de comparar el presupuesto destinado a Sanidad en las distintas CCAA y el que residualmente dedican a los Servicios Sociales. De igual forma, así como es inconcebible que las prestaciones de servicios sanitarias y hospitalarias no sean siempre realizadas por profesionales, muchas de las que se prestan en el ámbito de los servicios sociales son de dotación económica, es decir, que las administraciones conceden ayudas pecuniarias en un 40% que, posteriormente los pacientes y sus familias utilizan en el mercado, según la oferta existente y sus propias necesidades.

El consejo, celebrado en la sede del MSSSI informó a su fin por boca del ministro sobre algunos acuerdos de importancia alcanzados por las distintas CCAA. Entre ellos, por ejemplo, se citó el reparto de un nuevo fondo de 32 millones de euros, destinado a ayudar a familias con hijos en riesgo de exclusión. Esta cantidad se distribuirá entre las distintas autonomías, con dos criterios: La distribución según Plan Concertado (factor poblacional) y la tasa “Arope”, que mide en Europa los niveles de privación material severa, la pobreza relativa y la baja intensiclad de trabaio por hogar. Pero esta ayuda, dirigida a asegurar la alimentación, la higiene, el vestido y el acceso a los servicios de Salud, Educacion y Vivienda, también será compatibles con los gastos en escuelas infantiles, servicios de intervención y apoyo familiar. Así mismo, Alonso también informó sobre el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, fijado en el periodo 2014-2020, por el que España recibirá 560 millones de euros.

La Ley de Dependencia mereció también un espacio destacado en el debate del Consejo. Al tratarse de una norma todavía no implementada hasta su máximo potencial, Alonso aseguró que podría estar lista a finales de la legislatura, una vez que se incorporen 300.000 ciudadanos dependientes moderados al sistemas de ayudas económicas. Sobre lo factible del plazo expresado por el ministro, distintos consejeros mostraron su escepticismo.

Además, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad informó a las comunidades autónomas sobre los anteproyectos de Voluntariado y Tercer Sector, aprobados en su momento por el Conseio de Ministros.

PIE DE FOTO: En la imagen el director general del Imserso, la secretaria de Estado de Servicios Sociales y el ministro de Sanidad.