En España, la práctica de la Medicina privada representa el 3,1% del PIB, más de 60.000 médicos desarrollan su actividad en ella y más del 95% de los facultativos que ejercen en ella son autónomos. Muchos de ellos trabajan con las compañías aseguradoras y grupos hospitalarios que dominan esta actividad económica y cuentan con más de 11 millones de personas aseguradas. Según el estudio `Observatorio del sector sanitario privado 2024´, publicado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), hay 12,42 millones de asegurados privados (14% mutualistas) y el 57,6% del mercado lo tienen 3 compañías. 

El deterioro en las condiciones laborales y la congelación, desde hace décadas, de lo que se paga al médico por acto clínico o quirúrgico, perjudica la calidad y eso puede poner en riesgo la seguridad del paciente. Los profesionales sanitarios denuncian mantener baremos de los años 90 para una Medicina de 2024. En este sentido, más de una decena de sociedades científicas médicas han expresado su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones laborales en la Medicina privada, a través del `Manifiesto Dignifica´ (se puede acceder a él en este enlace: https://bit.ly/3rdBkax) y han mantenido distintas reuniones con la Dirección General de Seguros en aras de tratar de paliar, de una forma razonada, esta situación. Sin embargo, a pesar de haber mostrado empatía y haberse comprometido a analizar la situación para dar una respuesta, esta no ha llegado en más de dos años de conversaciones y reuniones. 

Los profesionales solo piden sentarse a negociar con las compañías aseguradoras, para que no se dé una situación que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes y se devalúen, más todavía, las condiciones de precariedad laboral del personal sanitario que ejerce en la Medicina privada. 

En la mayoría de los casos, los médicos especialistas de las principales aseguradoras reciben una contraprestación económica bruta entre los 7 y los 15 euros por acto en consulta ambulatoria, mientras que, para las cirugías, los precios también están muy por debajo del valor estimado. Esta situación produce una merma de la calidad asistencial, la sobrecarga del sistema, el aumento de las listas de espera y la frustración de miles de profesionales de la salud que no pueden implementar las posibilidades que ofrecen las actuales técnicas y tecnologías al servicio de los pacientes en atención privada. 

Los profesionales sanitarios que ejercen en el sector privado no pueden trabajar al margen de las últimas innovaciones de su especialidad ni practicar una Medicina que no sea la más avanzada para sus pacientes. Sin embargo, la baja remuneración impide, por el diferencial de coste, mejorar sensiblemente la calidad en la asistencia médica, lo que a su vez conlleva que no puedan reducirse los riesgos para las personas que la reciben. 

Ante una situación en la que cada vez se hace más patente el dominio creciente del mercado por parte de las aseguradoras, el problema surge porque los recursos que se facilitan a los profesionales permanecen congelados desde los años 90, lo que trae consigo un deterioro muy agudo en las condiciones de la prestación de los servicios de los facultativos. El precio que se paga al médico por acto clínico o quirúrgico lleva congelado desde hace 30 años y está muy por debajo de la cantidad que se paga en los países de nuestro entorno, lo que puede conducir a una fuga de talento. Además, existe una resistencia de las compañías a incorporar en sus coberturas los actos médicos, diagnósticos y terapéuticos más avanzados e innovadores de cada especialidad, recogidos en los nomenclátors de sus respectivas sociedades científicas. 

Los integrantes del "Manifiesto Dignifica", preocupados por la situación, han encargado un estudio a una consultora independiente que estimó el pago por consulta en una horquilla entre 40 y 60 euros. Un precio razonable que se encuentra muy alejado del importe que reciben los médicos de la sanidad privada en la actualidad.  

Por todo ello, las sociedades científicas médicas firmantes del `Manifiesto Dignifica´ creen necesaria una actualización razonable de la relación de prestación de servicios médicos y compañías aseguradoras, para ofrecer la calidad, modernidad y la eliminación de riesgos innecesarios en la atención médica a los pacientes, y reclaman poder sentarse con las aseguradoras en una mesa de diálogo. Con el fin de que pudieran ayudar en la realización de dicho encuentro y pudieran ser observadores imparciales, los firmantes del `Manifiesto Dignifica´ se han reunido en distintas ocasiones con la Dirección General de Seguros, quien se ha comprometido a dar una respuesta que no termina de llegar, haciendo caso omiso a la petición. En este sentido, las sociedades científicas, que representan a un número nada desdeñable de profesionales, están buscando nuevos ámbitos de actuación ante la degradación de la asistencia y la falta de compromiso de otros agentes implicados, lo que puede conducir a una reacción con acciones más beligerantes por parte de los profesionales de que ejercen en la práctica privada.