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El apoyo social a la eutanasia sigue creciendo en España

Tan solo un 10% de los españoles rechaza frontalmente el suicidio asistido, mientras que más de un 70% considera que no debe haber ninguna excepción para ejercer el derecho a tener una muerte digna.

16/10/2024

Tres años después de la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados, el apoyo al derecho a una muerte digna sigue con sus apoyos intactos en España. Según los últimos datos del portal de estudios sociológicos ISideWith, el 73% de los ciudadanos de España asegura ...

Tres años después de la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados, el apoyo al derecho a una muerte digna sigue con sus apoyos intactos en España. Según los últimos datos del portal de estudios sociológicos ISideWith, el 73% de los ciudadanos de España asegura que se debería permitir el suicidio asistido o la eutanasia. Se trata de un porcentaje que prácticamente no ha variado en los últimos años y que muestra el gran apoyo social que tiene el derecho a una muerte digna en el país.

Según los datos de la encuesta, tan solo un 10% de los ciudadanos de opone frontalmente a la eutanasia. Por su parte, el 7% estaría a favor de la eutanasia, pero solo en los casos en que se haya probado que no existe ninguna posibilidad de recuperarse de la enfermedad; mientras que el 6% apoyaría la eutanasia si se contara con un examen psicológico previo que demuestre las plenas facultades psíquicas del paciente. Un ínfimo 4% no es contrario a la eutanasia, pero sí pide que se pueda rechazar el soporte vital artificial.

Las peticiones de eutanasia se dispararon un 30% en 2023

La aprobación de la ley de eutanasia en 2021 ha propiciado una tendencia al alza en los últimos años a la petición de acceder a una muerte digna. Según datos de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), en 2023 se registraron 750 solicitudes de eutanasia en España, un 30% más que en 2022.

Sin embargo, la asociación lamenta que el plazo medio para recibir la eutanasia en España se sitúa en los 75 días, el doble de lo que marca la ley. Esta demora administrativa en la aplicación de la ley hace que muchos de los solicitantes de eutanasia mueran antes de que se resuelva la solicitud. En este caso, según datos consolidados del Ministerio de Sanidad, cerca del 50% de las peticiones realizadas en 2022 no se resolvieron a tiempo porque el solicitante ya había fallecido.  DMD lamenta "la carrera de obstáculos" que está suponiendo la eutanasia, lo que consideran "un auténtico maltrato institucional".

 

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