Detrás del término sociosanitario, se erige una situación compleja y no heterogénea por todo el territorio español. "A pesar de las posibles diferencias existentes en la interpretación del término y cómo se gestiona y cómo se han gestionado los retos, hay algunos parámetros que son evidentes, pacientes y que están basados en la continuidad de cuidados y en la atención que permita que el paciente o la persona siga pudiendo vivir en su entorno social y hacer posible el mejor de los casos, sea atendido en su domicilio", ha explicado el doctor Álvaro Iruín Sanz en la mesa debate Espacio sociosanitario en Salud Mental.

Como representante de la Comunidad de Madrid, el psicólogo y responsable del sistema de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, Abelardo Rodríguez González ha explicado que todo se inició en a finales de los años 80, cuando en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, se va desarrollando este proceso de transformación de la atención psiquiátrica, de un modelo institucional a un modelo comunitario. "La entonces Consejería de Integración Social, la consejería que lleva los servicios sociales, vio que era importante participar en ese proceso de cambio y transformación de la atención al enfermo mental grave".

Esta transformación se asentó en dos: las necesidades de la población con trastorno mental grave, "personas con trastornos como esquizofrenia, otras psicosis, trastorno bipolar, cuya problemática no se quedaba en la esfera sanitario-psiquiátrica, sino que avanzaba, desbordaba, hacia otras dimensiones de necesidad, más psicosociales y sociales". El sistema de servicios sociales debía de colaborar y participar en este proceso, "porque parte del núcleo fundamental de necesidades de la población que atendemos no es solo la psicopatología, la dimensión sintomatológica, sino también los problemas de aislamiento, dificultades de relación, problemas de integración comunitaria, problemas de integración social o laboral, elementos todos ellos en los cuales el sistema de servicios sociales tiene que jugar un papel absolutamente esencial", ha desgranado Rodríguez González.

Sin duda, para el experto, "esta dinámica de distintas necesidades, distintas problemáticas, unas más sanitarias y otras sociales, fundamenta que, si queremos articular un modelo de atención comunitaria integral para atender las necesidades múltiples y complejas y distintas de las personas con trastorno mental grave, ambos sistemas, el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, tienen que trabajar juntos y colaborar".

El Artículo 20 de la Ley General de Sanidad también fue clave para llegar a esta coordinación entre ambos servicios. "Sin embargo, nosotros planteamos desde el principio que debíamos desarrollar un conjunto de dispositivos y recursos, pero que la vía de acceso, que la puerta a la entrada, no podía ser un sistema burocrático del propio sistema de servicios sociales, sino que debía ser desde la colaboración del sistema sanitario de salud mental". Una fortaleza que hacen que, en el caso de la Comunidad de Madrid, no sea necesario tener un certificado de discapacidad o una valoración del grado de dependencia para acceder a un centro o un recurso sociosanitarios. La red de esta comunidad cuenta, a día de hoy, con 232 centros, 7.088 plazas, unos 86 millones de euros y el año pasado atendieron a unas 9.200 personas. "Ha demostrado la importancia de que haya recursos sociales específicos de apoyo a esta población y ha demostrado la eficacia y eficiencia de trabajar de verdad en una coordinación social y sanitaria, que en muchos casos son elementos de los que hablamos, pero hay poca práctica real de coordinación", ha revelado Rodríguez González.

Es cierto que la coordinación no tiene por qué ser fácil, y en ocasiones los procesos se han complejizado, pero con "esfuerzo, con humildad, con entender el trabajo de los otros y con intentar desde su lugar apoyar, ayudar con lo que cada uno pueda hacer, conseguimos mejorar de un modo muy significativo la calidad de vida de la población".

Finalmente, Rodríguez González también ha señalado que "la ley de dependencia no nació para nuestro colectivo; nosotros trabajamos por la rehabilitación. No podemos obligar a la persona a hacerse dependiente para recibir los recursos que apoyan su autonomía y rehabilitación. Porque es una paradoja".