La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en aras de la defensa de un Sistema Nacional de Salud accesible, equitativo y justo, quiere alertar sobre los posibles riesgos e inequidades que podría conllevar el traspaso de la totalidad de los beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a la sanidad pública, tal y como se está planteando en estos momentos por parte del Ministerio de Sanidad.

La integración masiva de más de un millón de funcionarios de MUFACE en la asistencia sanitaria pública conllevaría los siguientes conflictos organizativos, económicos y administrativos:

• Sobrecarga del sistema público: La incorporación de más de un millón de funcionarios aumentaría el número de usuarios atendidos por la Seguridad Social, lo que podría generar presión en centros de salud, hospitales y listas de espera. Esto no podría ocurrir sin una reorganización de recursos: La transición implicaría redistribuir personal, infraestructuras y presupuestos para absorber a los beneficiarios de MUFACE en el sistema público.
• Incompatibilidad de sistemas a nivel administrativo: MUFACE y la Seguridad Social operan bajo normativas, procesos y coberturas distintas. Ajustar estos sistemas podría ser complejo y costoso.
• Impacto económico en la Seguridad Social: los costes de la atención sanitaria para los funcionarios podrían aumentar el déficit del sistema de Seguridad Social.
• Resistencia de los funcionarios: los beneficiarios de MUFACE valoran la flexibilidad de elegir entre la sanidad pública y privada. La absorción por la Seguridad Social podría interpretarse como una pérdida de derechos adquiridos.
• Desigualdades autonómicas: la integración podría acentuar las diferencias en la calidad de la atención sanitaria entre comunidades autónomas, dado que la gestión de la sanidad pública está descentralizada.
• Conflictos legales con adaptación de la normativa que rige a los funcionarios. Habría que modificar múltiples normas relacionadas con MUFACE, la Seguridad Social y los derechos de los funcionarios, lo que podría enfrentar trabas legales y políticas significativas.

Y lo más importante, se pondría en riesgo el valioso papel vertebrador de la Atención Primaria, especialmente en la atención de pacientes crónicos, dado que con la propuesta de `saltarse´ la Medicina de Familia y pasar a control hospitalario se crearía una inequidad con el resto de pacientes, privándoles además del beneficio del papel coordinador de la AP demostrado en términos de morbimortalidad.