El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas han presentado el primer informe exhaustivo sobre los profesionales dedicados a la salud pública en España. Este estudio, que recoge datos de finales de 2022, responde a los compromisos adquiridos en la Declaración de Zaragoza, un acuerdo clave para impulsar una política de recursos humanos coordinada a nivel nacional en este ámbito.

El informe revela la existencia de una plantilla de 8.583 profesionales distribuidos en diversas áreas cruciales para la salud pública: vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades, promoción y educación para la salud, seguridad alimentaria, salud ambiental, salud laboral, laboratorios de salud pública, medicina preventiva en hospitales, entre otras funciones.

Datos destacados del informe:

• Alta tasa de ocupación: El 95,2% de las plazas están cubiertas, aunque con variaciones entre las CCAA.
• Distribución por áreas: El 49% de las plazas se destinan a seguridad alimentaria, el 14% a salud ambiental, el 8% a vigilancia epidemiológica, el 6% a medicina preventiva en hospitales, el 5% a prevención de enfermedades y el 4% a promoción y educación para la salud. El resto se dedica a otras funciones.
• Efecto de economía de escala: Se observa que, a excepción de la medicina preventiva, en el resto de las áreas se produce un efecto de economía de escala. Esto significa que la ratio de profesionales por 100.000 habitantes disminuye a medida que aumenta el censo o el tamaño de la CCAA. Esta conclusión imposibilita el establecimiento de una ratio común para todas las CCAA, haciendo necesaria una ratio específica para cada una, ajustada a su censo o superficie. El informe proporciona estas ratios ajustadas para facilitar la comparación entre las CCAA.
• Influencia del territorio: El informe también destaca la influencia del territorio en ciertas áreas. Mientras que el censo influye significativamente en la ratio de profesionales dedicados a la atención a la comunidad (vigilancia epidemiológica, prevención, promoción de la salud, etc.), la superficie de la CCAA tiene un mayor impacto en seguridad alimentaria y salud ambiental, debido a las funciones de inspección y control oficial que estos profesionales realizan sobre el territorio.

Este informe representa un punto de partida fundamental para que los gestores sanitarios puedan extraer conclusiones y mejorar la dimensión de las plantillas de profesionales de salud pública. Si bien no analiza las diferencias entre CCAA por cargas de trabajo, tareas asignadas o recursos de apoyo, sí proporciona una base sólida para la toma de decisiones.

El grupo de trabajo encargado de la elaboración del informe continuará trabajando para actualizar periódicamente estos datos, garantizando así una monitorización constante de los recursos humanos en el ámbito de la salud pública.