Las CC.AA. serán penalizadas si su gasto farmacéutico crece por encima del PIB
A partir del mes de junio deberán informar todos los meses del gasto farmacéutico en hospitales.
A partir del próximo mes de junio las comunidades autónomas estarán obligadas a informar de su gasto farmacéutico en hospitales y podrían ser penalizadas aquellas regiones cuyo gasto global en medicamentos, incluidos aquí los medicamentos que se dispensan en farmacias, crezca por encima del Producto Interior Bruto (PIB) de medio ...
A partir del próximo mes de junio las comunidades autónomas estarán obligadas a informar de su gasto farmacéutico en hospitales y podrían ser penalizadas aquellas regiones cuyo gasto global en medicamentos, incluidos aquí los medicamentos que se dispensan en farmacias, crezca por encima del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española.
Esta nueva resolución se deriva de una enmienda parcial del Grupo Parlamentario Popular a la reforma de la ley de financiación autonómica que se está tramitando en el Congreso, que fija la creación de un instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario al que podrán adherirse de forma voluntaria las comunidades.
La adhesión permitirá una serie de ventajas económicas en caso de cumplir con los límites de gasto acordados, que serán revisados cada año. Por el contrario, las comunidades que lo superen no podrán prestar servicios distintos de los incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud ni tendrán acceso al reparto de recursos económicos en materia sanitaria por parte del Estado. Asimismo, tendrán que aplicar las medidas de mejora de sostenibilidad y eficiencia que decida el Gobierno a través de su Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
Hasta ahora las comunidades sólo informaban periódicamente de su gasto farmacéutico registrado a través de las recetas dispensadas en oficinas de farmacia a través de receta oficial. Ahora también deberán informar todos los meses del gasto derivado de los medicamentos financiados con fondos públicos en hospitales y centros de atención sanitaria y socio sanitaria.
