La LXI reunión de la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) estuvo dedicada a lograr una mejor comprensión de los ARC por parte de los laboratorios invitados al acto. Durante el mismo, la jefa de Área de la Subdirección General de Calidad y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Carmen del Castillo, encontró satisfactorios los tres ARC realizados hasta el momento en España. Según los datos públicos, dichos compromisos se saldaron con un buen acceso a las terapias por parte de los pacientes, que arrojaron datos satisfactorios en resultados en salud, al tiempo que las farmacéuticas cubrieron sus objetivos económicos. En cuanto a los acuerdos de techo de gasto, de los que se han puesto en marcha 14 en los dos últimos años, la alta funcionaria ministerial aclaró que algunos no han llegado al límite que exige a las compañías pagar la diferencia.

Manuel García Goñi, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, hizo un apunte de farmacoeconomía cuando aseguró que la Innovación a a precios de coste no es viable, y que España como país debe decidir cuánto quiere gastar en dicha Innovación.

Por su parte, el abogado Héctor Jausás detectó algunas parcelas del Derecho en las que pueden surgir dudas legales en relación a los ARC. Según su criterio jurídico, sería necesario recurrir a un real decreto que fije un reglamento para este tipo de contratos entre la administración y el sector privado representado por las compañías farmacéuticas. En cuanto a los hospitales, Jausás aseguro que estos deben regirse por la legislación vigente en materia de contratación pública. También mencionó el abogado el real decreto 1/2015 en el que se establecen los distintos tipos de ARC que existen. Dicho esto, encontró que los aspectos más controvertidos a la hora de hablar de riesgo compartido son la duración (cuanto más breve mejor), la transparencia (tema siempre delicado) y la competencia (un tema bastante descuidado desde las instancias europeas).

Precisamente desde Europa también habló la inspectora de Competencia de la Comisión Europea Noa Laguna que citó los casos de perindopril; omeprazol, que fue retirado en algunos estados de la UE; latanoprost, que dirigió cartas de amenaza a las compañías de genéricos para que no salieran al mercado italiano; y clopidogrel que impidió que los genéricos entraran en las boticas mediante volúmenes mínimos de compra.

Miguel Ángel Calleja, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y farmacéutico jefe del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, estimó como una desventaja que los acuerdos de Techo de gasto tengan que desglosar dicho gasto entre CCAA y hospitales. Por todo ello, Calleja se mostró partidario de los acuerdos de garantía de resultados en Salud. En cuanto a los ARC, el granadino aseguró que la falta de adherencia es causa de exclusión de pacientes en los acuerdos de riesgo compartido

Finalmente, el director de Relaciones Institucionales de AstraZeneca en España, Guillermo de Juan Echavarri pronosticó un aumento de la financiación selectiva dado el ritmo que está adquiriendo la innovación, que deberá ajustarse a las prioridades del SNS. Sin embargo, falta en el país una buena estructura de datos y que el MSSSI simplifique los procedimientos de financiación en los que deberían entrar los ARC desde el principio. Así, Echavarri pidió que los acuerdos de riesgo compartido se integren en el proceso de la financiación y no se circunscriban al ámbito hospitalario.

También se escucharon otras voces, dentro del salón de reuniones de la Asociación de la Prensade Madrid, donde se celebró la jornada, expresando ciertas suspicacias acerca de que los ARC sin transparencia pudieran esconder algún tipo de trato de favor o posición de ventaja para la compañía firmante, extremos sobre los que no hay indicio alguno hasta la fecha.

PIE DE FOTO:   Manual García Goñi, profesor de la UCM; Carmen del Castillo, jefa de área de la Subdirección General de Calidad y Productos Sanitarios del MSSSI; Antón Herreros, director general de Fuinsa; y el abogado Héctor Jausás