105 La conocida como Ley de la Eutanasia o de la ‘buena muerte’, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, entró en vigor hace algo más de dos años y medio. Dos años en los que no se ha salvado de la polémica y en los que los colectivos implicados, o que trabajan en torno a esta normativa, no han dejado de demandar sustanciales mejoras. Esta ley pretendía dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida durante mucho tiempo por la sociedad española. “La Ley de la Eutanasia tiene mucho margen de mejora”, explica en este sentido Fernando Marín, vicepresidente de DMD (Derecho a Morir Dignamente), entidad que ya demandaba en 2002, en el Informe de Evaluación Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir, que era necesario “agilizar los trámites, coordinar mejor las comisiones autonómicas y crear un foro interterritorial”. Durante el primer año y medio de vigencia de esta ley, un total de 746 personas demandaron hacer uso de ella para morir con dignidad en España. Cuando el pasado verano se cumplieron los dos años de esta normativa se habían recibido más de 1.000 peticiones y se había aplicado en 370 personas. La “disparidad en cómo habían implementado la prestación las distintas comunidades autónomas” o las dificultades por acceder a la aplicación de esta ley son algunas de las demandas que se han efectuado desde DMD. Es el caso del sistema sanitario privado, señala Fernando Marín:“Sabemos de casos de personas que, cuando han intentado hacer su solicitud de eutanasia, han recibido un ‘eso aquí no se hace’ por respuesta. Algunas han necesitado más de seis meses para conseguir un médico que se haga cargo de su solicitud porque la sanidad privada no se ha organizado para atender estas peticiones”. Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) también se han hecho eco de estos problemas. Esta sociedad científica, compuesta por más de 2.000 profesionales sanitarios de diversas disciplinas (Medicina, Enfermería, Psicología y Trabajo Social, principalmente) y dedicada a promover y desarrollar una atención integral y de calidad para las personas con enfermedades avanzadas y sus familias, señala que la aplicación práctica de esta ley ha sido “confusa” desde sus inicios. “Se aprobó cuando no existía, ni existe todavía, una ley nacional de cuidados al final de la vida que garantice que los cuidados paliativos puedan ser accesibles a todos los ciudadanos que los precisen”, explica el doctor Manuel R. Castillo Padrós, facultativo especialista de Área en el Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora Candelaria de Santa Cruz de Tenerife y miembro de la Junta Directiva SECPAL, además del Board of Directors de la European Association for Palliative Care (EAPC). Castillo denuncia, además, que los cuidados paliativos “no solo están infra desarrollados, sino que las ayudas sociales, tan necesarias para estos pacientes y sus familias, están a la cola de Europa”. “Estos déficits -continúa- atentan de manera directa contra la capacidad de autonomía de las personas e influyen en gran medida en la vivencia de los padecimientos de su enfermedad. Un buen número de pacientes expresan que entienden la eutanasia como una medida para evitar un sufrimiento que, con unos cuidados paliativos aplicados de forma temprana e integral, hubiera podido ser evitable”. “Es común también -añade- que, ante la ausencia de las citadas ayudas de soporte social, muchos pacientes refieran desear la eutanasia por no querer ser una carga para sus familias”. Ya en el primer posicionamiento de SECPAL sobre eutanasia, publicado en Medicina Paliativa en 2002 en referencia a este aspecto, destacaban cómo la aprobación de esta ley “podría suponer un riesgo para los pacientes más graves e incapacitados, que podrían verse coaccionados, aunque sea silenciosa e indirectamente, a solicitar un final más rápido, al entender que suponen una carga inútil para sus familias y para la sociedad”. De ese modo,“una ley que se habría defendido para promover la autonomía de las personas se podría convertir en una sutil pero eficaz arma de coacción social”. Ante estas circunstancias, desde SECPAL abogan por abordar un asunto tan “complejo” desde una perspectiva de “pluralidad”, con “una actitud conciliadora y abierta a la reflexión”, con la “misión primordial de acompañar a todos los pacientes y sus familias”. “Los pacientes y sus familias necesitan recibir apoyo no solo en padecimientos físicos,
RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5ODA=